5 de diciembre de 2012




Sistema Privado de Pensiones
Cambiar todo para que no cambie nada
Jorge Bernedo Alvarado
Análisis laboral-junio 2012

El debate reciente sobre el Sistema Privado de Pensiones (SPP), y sus administradoras privadas, las ya ampliamente criticadas AFP, habrá hecho recordar a más de uno, la paradoja genial de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, en su novela “El Gato Pardo”. Hay que cambiar todas las apariencias, de manera que no se altere lo fundamental. Con esta máxima se defendía a la aristocracia local ante el embate arrollador nacionalista durante la unificación italiana. Son esenciales las apariencias, lo que la gente ve. Actuar en estos niveles permite preservar lo esencial.
¿Cuáles son las apariencias en el SPP? Sobre todo las comisiones. Está cercano el sistema a cumplir los 20 años sin mayores logros que impresionen. A pesar del contexto de crecimiento económico- con frecuencia inmejorable- que le ha tocado gozar, el SPP tiene poco que mostrar. Con mayor razón, si se considera la total complacencia de los gobiernos y los supuestos entes fiscalizadores que han aceptado todos los cambios posibles a favor de los consorcios financieros que manejan las AFP y abandonado a su vez el interés de los afiliados.
En todo este tiempo- especialmente en el Congreso de la República- el debate se redujo a iniciativas sobre la reducción de las comisiones pagadas por los afiliados, y algunas leyes sin efectos reales como las que más bien dificultan que facilitan los traspasos o hacen impasable la jubilación anticipada. Complacer a la inexistente platea- los afiliados carecen de cultura previsional y nadie se empeña realmente en protegerlos- con propuestas y disposiciones inefectivas, logra evadir el problema esencial: el sistema se maneja sin la menor transparencia, los afiliados no tienen representación ni defensa de sus fondos, la competencia se ha eliminado y estamos actualmente ante el más seguro y rentable de los negocios de la historia del Perú- que vaya y pase- solo que indeseablemente afincado sobre una promesa de bienestar y seguridad social que no tiene visos de cumplirse.

UN POCO DE HISTORIA RECIENTE
No está de más recordar los orígenes del sistema, a los comienzos de los años 90 del siglo pasado en medio de la ola de reformas privatizadoras. Diez años antes se había instalado en Chile la privatización de las pensiones. En base a la idea- importante y plausible- de la capitalización individual de los aportes laborales. El núcleo conceptual era que ante el fracaso de los sistemas de reparto- en el que el colectivo de quienes trabajan sostiene al colectivo de jubilados- por la presión demográfica y por la inepcia y corrupción de los gobiernos y las cajas gremiales, valía la pena que cada afiliado ahorre en cuentas individuales para su jubilación.
Desde luego, ahorrar los aportes no basta para financiar las pensiones de jubilación; y peor aún, se había comprobado que los administradores anteriores (gobierno, cajas) son proclives a gastarse los ahorros pensionarios sin importarles su intangibilidad. Surge entonces la idea base del sistema: los ahorros previsionales deben ser administrados- en competencia- por entidades, las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP, que los hagan crecer significativamente y los retornen, acrecentados, a los trabajadores en su vejez asegurándoles una jubilación digna.

La competencia era el núcleo del éxito de la propuesta. Las Administradoras deberían competir entre ellas y las más ineficientes reponer fondos cuando eran superadas pudiendo incluso fusionarse o desaparecer de no ser exitosas. Para fines de los depósitos, los bancos y entidades financieras deberían ser independientes de las AFP  y pugnan brindando cada cual las mejores tasas de rédito posibles a los fondos; no olvidar que son fondos que provienen de recaudaciones obligatorias. También debería haber independencia entre el sistema financiero  y los destinatarios de las inversiones- empresas privadas, bonos del gobierno, ofertas de inversión- e independencias de las AFP y los bancos y empresas de las compañías de seguros que administrarían las pensiones, para que lo hagan con el menor costo posible. Las compañías de seguros, de otra parte, perciben una comisión durante el lapso de  la capitalización para cubrir riesgos desde antes de la jubilación y acercarse al sistema.
Las multas a las infracciones al régimen de competencia generalizada propuesto por el sistema son en Chile severas. Y tienen razón para serlo. Es esta múltiple independencia de intereses  y la competencia que originan el motor que debe hacer crecer el fondo varias veces más allá de los aportes, como para asegurar la ansiada pensión digna. Con un añadido, por si se necesitara, los afiliados chilenos pueden trasladarse entre las AFP con relativa agilidad, de manera que aprovechen las mejores rentabilidades durante toda su vida laboral.
El otro elemento esencial del sistema era el Bono de Reconocimiento, el BR. Este era en el sistema chileno efectivamente un reconocimiento y un bono. Nos explicamos. Se constituía con los aportes ya realizados por los trabajadores activos al sistema previo,  calculando su valor a través de una formula asociada a la edad de los trabajadores, dado que la mayor parte de instituciones no tenían cuenta individual de los aportes previos ; es decir, el BR reconocía los pagos ya efectuados. Y era un bono: el Estado lo emitía y tenía un rendimiento anual real (por encima de la inflación) del 4 por ciento, siendo además negociable- insistimos, es un bono, un instrumento financiero – para permitirle un crecimiento propio. Frente al fracaso y corrupción de las cajas, esta propuesta en Chile parecía un edén. No lo ha sido tanto: la mitad  de pensiones en Chile son subsidiadas por el Estado para que aseguren un mínimo de bienestar, y se han tenido que hacer reformas esenciales para mantener el sistema con aporte creciente del Estado. Pero allí van.
Cabe anotar que el Perú fue el segundo país en implementar el sistema, con apoyo decidido de los organismos multinacionales. A tal extremo llegó este apoyo, que el Banco Mundial hizo una donación promotora a una de las AFP, que a su vez tenia de mentor nada menos que al Ministro de Economía y Finanzas (MEF) de esos tiempos. Luego, la propuesta privatizadora de las pensiones se extendió hacia otros países de América Latino  e incluso se impuso en algunas naciones del este europeo  como parte de su reinserción al sistema de mercado. En cada país, sin embargo, el sistema adquirió características propias en el monto de los aportes, en las responsabilidades del Estado, en la existencia de sistemas complementarios o mixtos. Tras estas dos décadas, Chile tuvo reformas, el Este europeo reculó y Argentina, igualmente, anulo el sistema, en medio de protestas, con el argumento del manejo interesado de los fondos.

REFORMA PREVISIONAL A LA PERUANA

Desde su instauración, el SPP en el Perú ha sido una cruel parodia montada sobre la ley chilena, desnaturalizando totalmente sus ventajas. Para comenzar, el nuevo sistema no sustituye al anterior,- eso hubiera obligado a emitir BR- sino que convive con él pero maltratándolo al inducir a los nuevos trabajadores a que se afilien al SPP, también se desatendió el requisito elemental de fijar los aportes  sobre la base de un estudio actuarial, y también se atenta contra el sistema público, a limitar la capitalización de sus fondos.
Pero no es todo. El BR peruano se calcula con una fórmula que da resultados equivalentes a poco más de la mitad que el cálculo chileno. Tampoco es todo. El BR peruano no tiene rendimiento real- e incluso se “reformo” de manera que no rinde ni siquiera la inflación y por tanto se descapitaliza- y no es un bono: es un papel en el sentido literal, no es negociable. El gobierno y las AFP demoran las jubilaciones para restringir, incluso, el depósito de su limitado valor.

La legislación peruana elimino la posibilidad de que las AFP caigan por incompetentes, al notar inicialmente la rigurosidad de la norma chilena. Deben ahora tener rentabilidades menores al promedio de lo que ellas mismas rinden, durante cinco años seguidos, lo cual es imposible en la práctica. Nuestra normativa elimino también la superintendencia especializada en la vigilancia del sistema, y la convirtió en una parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, que más bien actúa como una abierta promotora. Esta supuesta Superintendencia ha permitido y estatuido la total desaparición de la competencia en el sistema. Los bancos lucen ahora ostentosamente la propaganda de las AFP y las compañías de seguros que están asociadas a ellos, e incluso pueden identificarse los reducidos destinos de inversión. No solamente eso, las AFP pueden actualmente ahorrarse el esfuerzo de competir y el de buscar mejores rentabilidades: clasifican obligatoriamente a sus afiliados en tres tipos de fondo que funcionan como piloto automático, que las escasas cuatro AFP del medio- dicen que escogen los destinos de inversión “ en manada”, aunque sea una manada de cuatro- y rebuscando en la página estadística de la Superintendencia se puede descubrir como la evolución de la rentabilidad de cada tipo de fondo parece una sola línea de variados altibajos donde están confundidas las cuatro administradoras. Adiós competencia. ¿Fondos de encaje, protectores? En chile, existen. En el Perú están anulados.
Entre otras cosas, además, el SPP reclama que le permitan invertir en el exterior el 50 por ciento de los aportes de los afiliados. Actualmente el 30 por ciento del fondo ya se destina  al exterior, donde están además las casas matrices de los consorcios financieros, renegando ya de la supuesta ventaja del sistema para capitalizar al país. Agréguese, que el SPP es beneficiario principal de bonos emitidos por el gobierno con tasas de alrededor del triple de la inflación, y que las acciones de empresas en las que  invierten son mayormente de propiedad extranjera, no necesariamente boyantes.
La falta de competencia permite que – prácticamente sin  control- el dinero de los afiliados pueda ser pasado de un bolsillo a otro por los consorcios financieros, sacrificando así el futuro de las pensiones que obtendrán. Durante las épocas de auge de la Bolsa de Valores de Lima, las AFP han obtenido la mitad de rendimiento (es decir, el fondo pudiera duplicarse en esas ocasiones), pues su “diversificación” les impide notar lo que cualquier estudiante de economía notaria. En cambio, cuando aducen una depresión caen vertiginosamente; luego, tras el supuesto fin de crisis regresan el fondo al nivel anterior y engañan – con ayuda de la mayor parte de la prensa supuestamente especializada- diciendo que se han “recuperado” para lo cual hecha al olvido los inmensos forados producidos al fondo y los rendimientos perdidos actuales y a futuro. Tenemos así un fondo desprotegido, con operaciones interesadas, blindadas por una legislación más que complaciente.

¿Qué más puede decirse de este SPP? Muchas cosas, que ante la falta de competencia, parecen menores, sin serlo. No hay, como en Chile, una efectiva pensión mínima. Los traslados son dificultosos. No hay representación de los afiliados en la Superintendencia y menos en las AFP. Estas a su vez, informan deficientemente.

LA REFORMA ACTUAL
El Ministerio de Economía y Finanzas ha planteado al Congreso en estos días  un proyecto de reforma legal del sistema, que inclusive  motivado la “protesta” del representante de las administradoras. Veamos el contenido de la propuesta, para que se ilustre su importancia dentro del maremágnum del sistema:
.-Las Comisiones, por supuesto. Se ha criticado hasta el hartazgo, que son las comisiones más caras del panorama internacional al respecto, lo cual no deja de ser cierto. En promedio las comisiones son casi el 2 por ciento (1.88) de la remuneración del afiliado y la prima de seguros 1.3 por ciento adicional, por lo cual tenemos destinado al sistema el 3.2 por ciento de las remuneraciones de sus afiliados, ya que prácticamente sin esfuerzo y suceda lo que suceda con los fondos, incluida la posibilidad de su quiebra total. Por tal motivo, se propone una comisión mixta, que combine el flujo (proporción del salario) con el saldo de  fondos del afiliado (que si no aumenta, no aumenta la comisión y por tanto se supone un premio de la eficiencia de la AFP). Las inversiones oficiales dicen que las comisiones  (no se habla de la prima de seguros)  disminuirían  así del actual casi 2 por ciento hasta el 1.25. Es discutible la mejora, en realidad el saldo crece de manera tendencial. Se fija un plazo de diez años para la conversión total hacía un sistema exclusivamente  dependiente de los saldos.
La subasta. Otra modificación que se pretende introducir, es la conformación de paquetes de nuevos afiliados, que se subastarían entre las AFP dando como ganadora a la que cobre la menor comisión, la cual retendría a estos afiliados al menos por 24 meses. Fomento de la competencia, se le denomina. Las AFP están en desacuerdo: se está atentando -constitucionalmente- contra la libertad  de elegir, aducen.
La extensión de la cobertura. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ataca un frente esencial, y es que bueno o malo, la gran mayoría de los peruanos no tiene acceso a ningún seguro de pensiones. Para mejorar la situación, se postula afiliación obligatoria (¿Cómo?) de trabajadores independientes y el subsidio temporal a la afiliación de trabajadores independientes  que ganen entre 1 y 1.5 remuneraciones mínimas. No se indica quien administraría estos fondos.
Los cobros. Como uno de los problemas del SPP es que tiene el doble – y algo más- de afiliados que de cotizantes, se presupone encargar a la SUNAT, la superintendencia tributaria, la recaudación de los aportes de los afiliados, dado su mayor poder fiscalizador. Actualmente la SUNAT, cobra por esta tarea  a la seguridad social de salud. ESSALUD, el 1.4 por ciento de la recaudación. Difícilmente el SPP aceptará esta cuota.
Otras propuestas. Otras ideas rondan el ambiente oficial sobre este tema. En el tema de las jubilaciones adelantadas- que se  justifican en casos de desempleo y edades avanzadas- no se  entregarían al afiliado el 50 por ciento de sus aportes, si no la totalidad. Una extensión de esta idea es que a los que lleguen a la edad de jubilación se les entregue su fondo para que lo administren ellos, con mayor razón si las pensiones no son vitalicias, eliminando la “administración” de las compañías de seguros. Obviamente esta es una propuesta mayor, En la práctica, las AFP devuelven el fondo y le desean suerte a quienes  han llegado a capitalizar poco, y se evitan así la administración de pensiones miserables a la vez que mejoran su imagen. Pero de allí a “liberar” el fondo para los jubilados, hay un enorme  trecho.


A FAVOR DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDICVIDUAL Y DEKL FUTURO.
A pesar de las críticas aquí vertidas, no cabe duda que la capitalización individual tiene ventajas y virtudes. Si bien, los pecados ajenos no santifican a nadie, es necesaria una alternativa al manejo irresponsable de los fondos por parte de los gobiernos o de los gremios constituidos en cajas. La realidad mundial es terminante en esto. El argumento esencial, sin embargo, es el de las excelencias de su diseño original: una competencia real en un marco de protección al consumidor puede proporcionar pensiones aceptables a los afiliados al sistema, especialmente en periodos de crecimiento sostenido como el que nuestro país – a menos en este aspecto- está desperdiciando.

Topo parece confluir, de otra parte , hacia el ya famoso sistema multipilar mediante el cual se combinan las virtudes del reparto- su solidaridad generacional- y de la capitalización individual- su competencia creadora – así como las garantías estatales y las capacidades privadas. Las diversas instituciones internacionales involucradas en el diseño de  políticas sociales- Banco Mundial, OIT, AISS, BID-           promueven con matices- especialmente en lo referente a la administración- un sistema de pilares múltiples; y seguramente, el futuro va a universalizarse esta orientación por ser la única racional.
Pero para que haya una salida racional no quiere decir quien se  adopte. Menos aún cuando se trata de un fondo, que en el caso peruano, a pesar de que pudo haber crecido mucho más, ya es un tercio del PBI y supera al presupuesto nacional, concentrándose en pocas manos que a su vez dominan el comportamiento económico del Estado. Es demasiado poder para tan poca ética y para tan escasa cultura previsional de los afiliados. Mientras tanto tendremos estas proposiciones de “reformas” al SPP, esta vez variadas en sus ámbitos, pero a distancias siderales de una propuesta integral con objetivos de bienestar social.
Maestro Lampedusa, nuestros mayores respetos: era usted un genio






28 de noviembre de 2012

Balance del accionar sindical





Termina el año 2012 y el balance de nuestras acciones se hace necesario. Sin embargo, es menester analizar también la nueva coyuntura política y, a los personajes asociados a ella, como interlocutores y lideres de opinión. Será conveniente evaluar nuestras acciones, y de manera objetiva, sacar conclusiones para determinar el real avance de nuestra organización sindical. Hacerlo es importante para sacar lecciones de nuestra propia experiencia y articular mejor nuestro accionar sindical y avanzar con mayor éxito en las tareas futuras. 

La FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL Y DE ACTIVIDADES SIMILARES DEL PERÚ - FUTCCASP, se ha posicionado en el escenario político sindical del país, como una organización gremial de nuevo tipo, sin ataduras ideológicas con el seudo comunismo y distante de las prácticas antidemocráticas y excluyentes del viejo sindicalismo totalitario y vertical. El nuestro es un sindicalismo democrático, humanista y solidario, pluralista y defensor permanente de los derechos humanos como valores y principios de la humanidad, sin distinción de razas, de credos religiosos ni políticos.

El sindicalismo que profesamos y practicamos está distante de las malas practicas anti democráticas que sirven para negarle a los trabajadores el derecho de elegir libremente y sin presiones de ninguna índole a sus representantes; que se opone al verticalismo autoritario que impide a los trabajadores opinar libremente sobre el desempeño institucional y de ser críticos de la actuación de sus dirigentes.

El sindicalismo que profesamos se sustenta en los valores democráticos y busca ser coherente en la verdadera lucha por una vida más digna para los trabajadores. No capitulamos frente al mercantilismo capitalista que solo busca expoliar la fuerza de los trabajadores para hacer más ricos a los ricos, sin importarles la dignidad y el aporte de los trabajadores en la generación de la riqueza y, negándonos el derecho a un mayor bienestar social.

Somos críticos de un modelo económico sustentado en la exclusión social, que nos niega el derecho a organizarnos libremente en nuevos sindicatos y, que nos margina del derecho a la negociación colectiva,para seguir empeorando nuestras condiciones de vida y de trabajo. Por eso es que defendemos con firmeza la Libertad Sindical y el derecho a la negociación Colectiva para todos los trabajadores y trabajadores sin excepción.

Hoy, los empresarios de la construcción han visto incrementar sus utilidades y por ende el patrimonio de sus empresas; mientras los trabajadores vivimos la depreciación de nuestros salarios y empeoramiento de nuestras condiciones de vida y de trabajo. Negar lo evidente resulta pues una hipócrita actitud de complicidad con los empresarios constructores que son los únicos beneficiarios del BOOM de la industria de la construcción en nuestro país.

Frente a esta situación es necesario darle continuidad a nuestras luchas, reafirmarnos en nuestras convicciones democráticas y sindicales, implementando un plan de acción verdaderamente efectivo en el logro de nuestras reivindicaciones y objetivos estratégicos. No hacerlo ha de significar un retroceso en nuestros propósitos de avanzar, y de llegar a ser una verdadera alternativa sindical en el derrotero de la lucha de los trabajadores del andamio.

Para este fin, será necesario articular mejor nuestras fuerzas, superar las deficiencias organizativas; ser más efectivos en el desarrollo de las actividades gremiales y de las acciones de lucha que se programen en el próximo año. Debemos ser más eficientes en la capacitación permanente de nuestros cuadros y dirigentes sindicales, en especial de los más jóvenes. No podemos dar margen a la improvisación y a la deficiencia orgánica; es menester un mayor impulso al trabajo verdaderamente organizativo y funcional para el mejor cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos.

Sobre la coyuntura política nos pronunciaremos próximamente sobre la base de una mayor reflexión de nuestras propias responsabilidades, para encarar mejor el futuro como parte del movimiento sindical  peruano y latinoamericano. 






12 de julio de 2012

LA REFORMA ESPERADA?





¿CÓMO SERÁ LA REFORMA DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 2012?
Eduardo Marcos Rueda


Actualmente, los dos sistemas de pensiones más importantes en el Perú son el Sistema Privado y el Sistema Nacional de Pensiones (Público).El Sistema Privado de Pensiones fue creado por Decreto Ley 25897, publicado el 6 de diciembre de 1992. Entró en plena vigencia a mediados de 1993 cuando salieron al mercado las cinco primeras AFPs.

El Congreso de la República de nuestro país ha aprobado una reciente reforma (debe ser promulgada por el presidente de la República) que contiene diversos puntos:

1.    La recaudación de aportesque, actualmente está a cargo de las propias AFPs, se deberán concentrar en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

2.    Las AFPs convocarán a licitación (o subasta) de afiliadosa cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS, cada dos años. Los afiliados podrán así escoger la AFP que ofrezca menores comisionesgenerando una verdadera competencia.

3.   Se licitarán también los seguros de Invalidez, Sobrevivenciacon la finalidad de evitar la colusión entre lasAFPs y las Compañías de Seguros.

4.    La modificación en el pago de las comisiones estableciéndose que el porcentaje de pago será en función al saldo y no a la remuneración, como es actualmente. Será un proceso, se aplicará a las nuevas aportaciones y con el carácter de voluntario para los actuales afiliados.

Según el Congresista Jaime Delgado, en el 2011, las AFPS cobraron “más de 975 millones de soles en comisiones, a pesar que los fondos de los afiliados perdieron cerca de 5 mil millones de soles” (Diario El Comercio 5/7/2012). El cambio será muy complejo, opinó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva.

5.    Se implementa elsistema de pensiones sociales para trabajadores de las microempresas con aportes complementarios del Estado.

La anterior Ley MYPE (Micro y Pequeña Empresa) y su Texto Único Concordado (Decreto Supremo 007-2008-TR) crearon este Sistema. 

Se dispone también la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes, menores de 40 años de edad y con ingresos mayores a 1 y media remuneración mínima vital (actualmente1,125 nuevos soles o 424 dólares, aproximadamente). Con ello, se pretende ampliar la cobertura de la Seguridad Social en materia de pensiones.

6.    Se promoverá una mayor información y difusión de la cultura previsional en la población.Por lo general, la población no se encuentra debidamente informada sobre la necesidad de una protección social y sobre la pensión de jubilación. Específicamente sobre los actuales Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Sus ventajas y desventajas para cada persona. 

7.  Se establece la participación de dos directores independientes en los Directorios de las AFPs, la creación de un Consejo de Participación Ciudadana (COPAC), la creación de un Fondo de Educación Previsional (FESIP) y la implementación de principios de buen gobierno corporativo,

8.    Deberá establecerse un ranking de rentabilidad entre las AFPs para fomentar la transparencia y con la finalidad de que los trabajadores asuman decisiones u opciones con la suficiente información.

9.    Se crea Fondo de Protección de Capital con un menor riesgo que el de los actuales.Sería un Fondo 0 para los próximos a jubilarse. Como se sabe, actualmente los afiliados tiene la opción de escoger uno de los tres fondos en los cuales se deben manejar sus aportes.

10.  Se dispone la fiscalización del pago de aportes a través de los inspectores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este es un aspecto sustancial para evitar la constante evasión de aportes por parte de empleadores privados y públicos que incide de manera importante en el monto de la pensión.

Recuérdese que en este sistema la pensión de jubilación es producto de los aportes efectuados. El aporte es del trabajador pero el obligado a la retención y pago es el empleador.  

11.   Se establece la creación de dos nuevos y alternativos instrumentos de inversión.Con ello, según el MEF, se logrará una mayor flexibilidad en la inversión en proyectos de infraestructura.

12.  Se elimina el requisito de la edad en la jubilación anticipada legal.Según esa modalidad de jubilación anticipada un afiliado puede acceder a ella siempre que el monto de su pensión sea igual o mayor al 50% de los ingresos que hubiere tenido en los últimos 10 años. También se modifica el porcentaje al 40%.

13.  Se amplía la fecha de la jubilación por desempleo. Esta modalidad de jubilación se adquiere cuando el afiliado tiene 55 (hombres) o 50 (mujeres) años de edad, tiene 12 meses de desempleado y el monto de su pensión no llega a ser igual o mayor que una Remuneración Mínima Vital. Y si sobrepasara, el monto acumulado como ahorro sería devuelto en dos partes: 50% a la solicitud de la pensión y el otro 50% cuando cumpla los 65 años de edad.

La modalidad terminaba el 31 de diciembre de este año. Según lo aprobado, se ampliará la fecha límite y la devolución sería el 100%.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas esta reforma tiene por finalidad cumplir algunos objetivos:

- Mayor inclusión, bienestar en los trabajadores y reducción de la pobreza para los mayores de edad.
- Mayor competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensiones.
-  Ampliación de la cobertura de la Seguridad Social en pensiones.
-  Mejor manejo de las inversiones de los fondos de los afiliados.

Por supuesto que hay algunos temas del funcionamiento del SPP que no han sido materia de la reforma. La pregunta queda latente en la ciudadanía: ¿todo este cambio afectará a los empleadores? ¿mejorará las pensiones de los afiliados?

Lima, julio de 2012










4 de mayo de 2012

Carta por el 1ro de Mayo





Estimados compañeros y compañeras,

Compartimos con ustedes, por lo hermoso de su mensaje, las palabras que nos ha hecho llegar el compañero Julio Barroso por el 1 de mayo.
 

A mis Compañeros:

Dentro de unas horas tendré que ir a la fábrica, a iniciar mi jornada laboral...así son los procesos continuos (aunque mi puesto sea en el laboratorio) que no entienden de feriados.

Que por los caprichos de un cronograma disfrute o no de un feriado no quitará nunca que sienta orgullo de ser obrero y que pueda reconocer; y buscar, en cada trabajador/a, a un compañero o compañera.

Porque desde ahí aprendí a construir ese orgullo obrero, desde ahí soñé, desde ahí crecí, desde ahí luche, desde ahí aprendí, desde ahí me embronque, desde ahí disfrute, desde ahí perdí pero desde ahí es mucho más lo que gane. Gané dignidad, gané enseñanzas, gané entender que la solidaridad es una calle cualquiera, pero siempre de doble mano, de ida y vuelta, gané el sabor de conquistar un derecho, exquisito, delicioso; también gane conocer el sabor de la derrota, esa que duele, que se mastica en silencio, que cuesta hablarla, con los ojos en cualquier lugar, que hay que tragar, como se pueda, porque siempre, siempre habrá revancha...

Y si alguien no me cree, recuerden las palabras del obrero ejecutado en Chicago (EEUU) por luchar por 8 de trabajo, 8 de esparcimiento, 8 de descanso; que antes de ser mandado a la horca dijo: ""La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pueda yo decir ahora".

Y cuanta razón tuvo, más de 100 años después lo obreros del mundo seguimos luchando por lo que creemos justo, en cualquier lugar del mundo, por repartir mejor la riqueza que hacemos todos los días, para vivir mejor nosotros y los que tenemos alrededor. Cada uno desde su lugar, como puede, con lo que puede, pero nunca limitándose con el "hasta donde se puede".

Porque nuestra esencia es soñar, soñar individualmente, pero siempre construyendo ese sueño junto a otros, entonces los sueños se comparten, de discuten, se debaten y sin que uno se de cuenta, se hacen sueños colectivos, se hacen lucha. Al que no le guste, sepa entender, lo lamento, los trabajadores somos así.

Por eso en este día, quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a todos mis hermanos trabajadores, a todos mis compañeros (e incluyo a hombres y mujeres), a los que están en la fábrica conmigo, a los que están en otras, a los que están en una oficina, en un taller, en un aula, en una sala, donde sea, descansando en este día, movilizándose o trabajando, sea en mi país o en los países hermanos que hacen mi patria grande, la hermosa América Latina, con el orgullo que da sentirnos TRABAJADORES!!!

Julio Barroso
 


Murales de Ricardo Carpani
Argentina

3 de mayo de 2012

A propósito del 1ro de Mayo



Tema: Proyecto de Ley General del Trabajo

Me dirijo a ustedes, en atención a dos consideraciones: la importancia histórica de la CGTP y la posición que han adoptado con respecto al Proyecto de Ley General del Trabajo.

La CGTP fue creada el 17 de mayo de 1929, a instancias de José Carlos Mariátegui, como parte de un proyecto de organización de los trabajadores peruanos para la defensa de sus derechos e intereses, y para contribuir a la iluminación de su conciencia de clase y política. A pesar de su inexperiencia inicial y la persecución política y policiaca, sus primeros dirigentes se entregaron con responsabilidad y pasión a cumplir tan trascendentales tareas.

Los empresarios, sobre todo los de extracción oligárquica y extranjera, para quienes resultaba inaudita la existencia de esta organización, replicaron ilegalizándola por el Decreto Ley 6926, expedido el 12 de noviembre de 1930 por el gobierno del general Luis M. Sánchez Cerro que los representaba, acompañada de la persecución de sus adherentes y de los militantes y simpazantes de los movimientos de izquierda. La CGTP sólo pudo ser reconstituida en junio de 1968 e inscrita en enero de 1971, con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.

Otro modo de intervención de los empresarios para frenar a las organizaciones sindicales o desviarlas de sus propósitos reivindicativos ha sido tratar de infiltrarlas y de generar en su interior una conducta complaciente con ellos, repitiendo el episodio del caballo de Troya o más recientemente el de la Quinta Columna española. Los dirigentes de la CGTP con los cuales traté fueron sólidamente inmunes a este método. Pienso en Isidoro Gamarra, en Pedro Huilca y en Gustavo Espinoza, entre los más relevantes, y viene a mi memoria también la pléyade de sindicalistas de la CGTP que organizó la famosa huelga del 19 de julio de 1977, a quienes el gobierno de Morales Bermúdez castigó autorizando su despido por un decreto supremo. Sedientos de revancha, los empresarios, que habían concertado esta orden, pusieron en la calle a unos cinco mil trabajadores.

En la década del noventa, el filo de la dirección de la CGTP parece mellarse. Su voz es apenas un débil eco perdido en las anfractuosidades de ese letal período de nuestra historia. Lo que vino después continuó en plano inclinado hacia abajo.
Siempre me extrañó que luego de la fuga de Alberto Fujimori del país, en noviembre de 2000, los dirigentes de la CGTP se comprometieran en una actitud de conciliación con los empresarios, bajo la cubierta de la “concertación” en el Consejo Nacional del Trabajo, esperando sin duda —querían dar esa impresión— de que los empresarios renunciaran allí a las enormes ventajas laborales que habían obtenido durante la década del gobierno de Fujimori. Los dirigentes de la CGTP basaron su accionar en la redacción de una ley general del trabajo, propuesta por los burócratas del Ministerio de Trabajo, mientras aceptaban pasivamente la legislación patronal de la década pasada. No se enteraron —ni les interesaba enterarse— que los códigos y leyes generales de trabajo en América Latina fueron promovidos, en su mayor parte, por dictaduras militares y civiles, y que ninguno tuvo por finalidad atender las reclamaciones de los trabajadores, sino, al contrario, imponerles la camisa de fuerza de una legislación patronal, rígida e inamovible.

En 2004, el proyecto de esa ley estuvo listo. Pero era una repetición de la legislación laboral vigente con ciertos adornos. Los empleadores no habían renunciado a ninguna de sus ventajas, y habían logrado además que los representantes de las centrales sindicales, incluidos los de la CGTP, sí renunciaran por la vía del consenso a derechos que los trabajadores ya tenían al comenzar la década del noventa. (¡Todo un faenón!) Fue más extraño aún que esos mismos dirigentes de las centrales sindicales, poseídos por una fenomenal obstinación, le pidieran al Congreso de la República la inmediata aprobación de ese proyecto de ley, aduciendo que lo habían consensuado en un 85%, y que, cuando sus bases les recababan alguna información, les dijeran que era lo máximo que se podía obtener y que se quedaran tranquilas. Pero la mayor parte de congresistas, movida por una prudente desconfianza, dejó de lado ese proyecto en los períodos que concluyeron en 2006 y en 2011. En la legislatura iniciada en agosto de este año, el Proyecto de Ley General del Trabajo volvió al ruedo lanzado por el grupo parlamentario fujimorista con las firmas de otros congresistas. Y de nuevo los dirigentes de la CGTP entraron en campaña para que ese Proyecto, apadrinado ahora por el grupo político responsable de la desaparición de muchos derechos de los trabajadores, sea aprobado.

Tengo la impresión de que la mayor parte de trabajadores afiliados o simpatizantes de la CGTP desconoce el contenido del Proyecto de Ley General del Trabajo, que hasta ahora no ha sido publicado en el diario oficial El Peruano, pese a haber ya un acuerdo de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República en ese sentido. Estoy convencido también de que los trabajadores de base ignoran el contenido de los artículos consensuados por los dirigentes de esta central con los empresarios en el Consejo Nacional del Trabajo. Por eso, voy a someter a esos dirigentes a una amigable interpelación, haciéndoles las siguientes preguntas sobre artículos que ellos han consensuado:

1.- Digan ¿por qué mantienen los “services” que son una modalidad de alquiler y superexplotación de trabajadores (art. 56º del Proyecto que repite la Ley 27626).

2.- Digan ¿por qué mantienen la “tercerización” (art. 76º del Proyecto), repitiendo las disposiciones de la Ley 29245 que impone a los trabajadores una situación con menores derechos que los trabajadores de planta?

3.- Digan ¿por qué mantienen los diversos contratos modales, a plazo determinado (arts. 19º y ss. Del Proyecto), en los mismos términos que el Decreto Legislativo 728.

4.- Digan ¿por qué mantienen las excesivas facultades del empleador para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo (arts. 138º, 141º y 261º del Proyecto), como dispone el art. 9º del Decreto Legislativo 728 y el art. 2º del Decreto Legislativo 854 respecto del traslado del trabajador, cambios en las modalidades de la prestación del trabajo, el horario y la duración del trabajo), si esas condiciones deben ser establecidas por acuerdo del empleador y el trabajador?

5º.- Digan ¿por qué mantienen el inequitativo régimen de terminación del contrato de trabajo por hostilidad del empleador (art. 175º del Proyecto), como lo hace ahora el Decreto Legislativo 728, art. 30º).

6º.- Digan ¿por qué mantienen el régimen de los bonos o prestaciones alimentarias (art. 202º del Proyecto), como lo hace la Ley 28051, que constituye una manera de reducir los derechos sociales?

7º.- Digan ¿por qué tratan de introducir remuneraciones mínimas diferenciadas por regiones, actividades económicas, dimensión de las empresas y otros criterios (art. 206º del Proyecto), diferenciación que ya había sido abolida hace muchas décadas y que permitiría fijar remuneraciones mínimas por debajo del mínimo de supervivencia?

8º.- Digan ¿por qué tratan de mantener un interés legal diminuto para las remuneraciones y derechos sociales insolutos (art. 245º del Proyecto), como lo hace el Decreto Ley 25920 que fija un interés legal laboral notoriamente inferior al interés legal civil, que es el que debería corresponder?

9º.- Digan ¿por qué mantienen la exclusión de la negociación por rama de actividad (art. 366º del Proyecto), como lo hace ahora el art. 45º de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo?

10º.- Digan ¿por qué mantienen el arbitrario régimen de arbitraje en negociaciones colectivas tan perjudicial para los trabajadores que no logran solucionar sus pliegos en conciliación (arts. 387º, 389º del Proyecto) y por qué mantienen el régimen de propuesta final de las partes (art. 392º del Proyecto) que repite el art. 65º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y es una burla para los trabajadores?

Hay muchos otros artículos consensuados sobre los que sería largo seguir interrogándolos.
Finalmente, les hago tres preguntas sobre aspectos también consensuados tácitamente:

¿No sería mejor para los trabajadores que la acción sindical, en lugar de empeñarse en una campaña por repetir inútilmente el texto de toda la legislación laboral en una Ley General del Trabajo, estuviese centrada en la petición y lucha por la derogación puntual o, en su caso, por la modificación puntual de las disposiciones lesivas para los trabajadores?

¿Saben ustedes que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002, que reconoce la estabilidad laboral y rechaza el despido arbitrario, incluso indemnizado, quedaría sin efecto con el nuevo articulado de la Ley General del Trabajo y que se consolidaría así el despido arbitrario?

¿Saben ustedes que el 15% del Proyecto de Ley General del Trabajo no formalmente consensuado, que apruebe el Congreso de la República, no favorecería a los trabajadores?

Si acaso, los dirigentes interpelados quisieran absolver las preguntas hechas en mi cuestionario, lo mejor sería que dirigieran sus respuestas a las bases de la CGTP. Ellas tienen el derecho de ser consultadas sobre su situación legal. A los dirigentes no les han conferido carta blanca para “consensuar” en contra de sus intereses.

Me ocupo de la situación de los trabajadores desde que tuve uso de razón y como abogado y funcionario dedicado a su defensa, y como profesor universitario en las cátedras de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Siempre he sido, por lo demás, un trabajador. Razones suficientes para continuar defendiéndolos.

Atentamente

Jorge Rendón Vásquez

Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



 

11 de abril de 2012

CARTA PÚBLICA SOBRE CONSTRUCCIÓN CIVIL







A LA OPINIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIONES SINDICALES Y MOVIMIENTO POPULAR DEL PERÚ

Lima, 11 de Abril del 2012


Los firmantes, a nombre de la FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL Y DE ACTIVIDADES SIMILARES DEL PERÚ – FUTCCASP, nos dirigimos a la Opinión Pública,Organizaciones Sindicales y Movimiento Popular del Perú, con la finalidad de llamar su atención sobre el problema que se viene suscitando en las obras de construcción civil, producto de la violencia instaurada por las mafias organizadas, que afecta no sólo a los trabajadores de nuestro sector laboral, sino también a la sociedad en su conjunto.

El problema de la violencia en el sector construcción, es un tema que debe ser abordado con políticas de seguridad adoptadas desde el gobierno, con la participación de los gremios organizados del sector, quienes nos encontramos en la mejor disposición de brindar aportes para lograr detener la incursión de personas ajenas al gremio, con la finalidad de cometer actos delictivos. Pero de ninguna manera, se puede, so pretexto de controlar o detener la violencia, deslegitimar a las organizaciones sindicales y perseguir a los dirigentes sindicales, y con ello, retroceder en los grandes avances que ha tenido nuestro país en materia de Libertad Sindical.

Este tema, el de la violencia en las obras de construcción, está siendo utilizado por el Sr. Mario Huamán Rivera, Secretario General de la CGTP, para desprestigiar y criminalizar a las organizaciones sindicales que no se encuentran alineados a la CGTP, violando los derechos de los trabajadores que no quieren pertenecer a esta Confederación o a sus bases afiliadas, y que no comulgan con las líneas de dirección de este señor.


Los trabajadores tenemos todo el derecho de elegir si deseamos o no afiliarnos a un sindicato, en eso consiste precisamente la Libertad Sindical. Este derecho, no es una prerrogativa de la CGTP o del Sr. Mario Huamán, sino que forma parte del conjunto de derechos fundamentales de la persona, consagrados en nuestra Constitución Política del Perú, y en los Convenios Internacionales de la OIT ratificados por el Estado Peruano.


Nuestra organización sindical, y nuestras bases afiliadas, nos hemos pronunciado en repetidas oportunidades en contra de la violencia, y marcamos distancia de los grupos y mafias organizadas que operan en nuestro sector, y sobretodo, repudiamos los actos delictivos y el atentado contra los trabajadores, vengan de donde vengan; por lo que no sólo pedimos la intervención de las autoridades policiales para repeler este flagelo, sino que hemos efectuado propuestas que hemos alcanzado al Presidente de La República Señor Ollanta Humala, Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, de Vivienda y Construcción, Ministerio del Interior, Ministerio Público y Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO y, que a continuación detallamos:


AGENDA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA
EN CONSTRUCCION CIVIL

1.       Firma de Acuerdo Inter-gremial y multisectorial para combatir actos de violencia y acciones extorsivas contra trabajadores, sindicatos y empresas constructoras.

2.  Identificación, seguimiento y aprehensión de        elementos delincuenciales que promueven y ejecutan actos de violencia en contra de trabajadores, dirigentes sindicales y empresas constructoras.

3.      Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil a través del SENCICO; dicho registro debe ser abierto a todos los Trabajadores de la Construcción, sindicalizados y no sindicalizados con los únicos requisitos de: Fotocopia de DNI, copia de Boleta de Pago y/o Certificado de Trabajo y Declaración Jurada de domicilio habitual.


4.   Capacitación Técnica Gratuita para todos los trabajadores de la construcción nuevos y antiguos, a través de cursos especializados del SENCICO y CONAFOVICER; estos cursos deben ser organizados e implementados para todos los trabajadores sin discriminación alguna, por una Comisión Multisectorial que involucre a todos los gremios sindicales.

5.           Iniciativa legislativa para legislar sobre el ingreso a puestos de trabajo de personal excarcelado, el mismo que atañe al Poder Judicial, su implementación y seguimiento, a fin de lograr una verdadera resocialización de los ex internos que en realidad tengan vocación por el trabajo y de reinsertarse en la sociedad.


Esta iniciativa debe establecer requisitos y condiciones que contemplen mecanismos de inscripción y de selección de los ex internos, diferenciando a los que purgaron condena por primera vez (primarios), de los que son habituales o reincidentes; a fin de diferenciarlos de los que son de alta peligrosidad y perniciosos en el delito agravado.


6.      Organización e implementación de un EVENTO MULTISECTORIAL que involucre al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Transportes, Congreso de La República (comisiones), Federaciones y Sindicatos de la Construcción, sin discriminación ni marginación de ninguna clase, a fin de elaborar políticas y acuerdos institucionales para erradicar la violencia en la construcción.


Estas propuestas, nacen de los problemas que diariamente afrontamos los dirigentes sindicales y trabajadores, por lo que la experiencia de nuestras organizaciones son una fuente absolutamente necesaria para lograr los objetivos políticos de este gobierno en materia de seguridad ciudadana; razón por la cual, esperamos que se tomen en cuenta, y se nos permita participar de manera coordinada en las decisiones políticas que se adopten al respecto.

En tal sentido, el Estado debe asumir su rol protector de los derechos de los trabajadores, garantizando la Libertad Sindical, pero poniendo mano fuerte contra todo aquello que afecte contra el equilibrio de paz social. Por ello,  una vez más hemos solicitado diálogo con las autoridades del Gobierno Central , a fin de abordar el tema de la violencia, pero sobretodo, los verdaderos problemas que afronta el sector construcción, y el verdadero motivo por el cual, el Sr. Mario Huamán Rivera, pretende distraer la atención del gobierno y de las autoridades públicas, criminalizando a los sindicatos que no comulgan con sus líneas de dirección y de pensamiento político.

Desde nuestra organización sindical, hemos adoptado una férrea defensa sobre los siguientes puntos:


1.   NEGOCIACION COLECTIVA EN SECTOR CONSTRUCCIÓN CIVIL:


Desde el año 2011, nuestra Federación Unitaria, viene solicitando participación en la Negociación Colectiva por Rama de Actividad para la solución de nuestro Pliego Nacional de Reclamos, que hoy en día en NEGOCIADA ÚNICAMENTE POR LA FEDERACIÓN QUE DIRIGE EL SR. MARIO HUAMAN RIVERA. Sin embargo, la CAPECO se niega insistentemente a permitir la participación de otra organización sindical, y sus argumentos son básicamente los siguientes:


a)     Que no existe un acuerdo previo para fijar el nivel de negociación colectiva, ya sea por Rama de Actividad o a nivel de empresa, y por no existir un acuerdo previo la negociación debe realizarse a nivel de empresa, por tanto no procede el inicio de negociación colectiva presentado por nuestra parte, en el nivel propuesto (rama de actividad).

b)     Por imposición del Tribunal Constitucional existe la obligación de negociar el Pliego de Reclamos del sector construcción únicamente con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (STC N° 0261-2003-AA/TC), por ser estos los únicos interlocutores válidos para negociar el Pliego Nacional de Reclamos del sector construcción.

c)      Que nuestra Federación no ha acreditado ser la más representativa, para representar absolutamente a los trabajadores de la construcción.


Nuestra FEDERACIÓN UNITARIA considera y defiende que el NIVEL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN CIVIL debe ser el de RAMA DE ACTIVIDAD, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por el Tribunal Constitucional en su STC N° 0261-2003-AA/TC, y las características especiales de nuestro sector laboral, como la eventualidad y la diversidad de empleadores, que tornarían en IMPOSIBLE una Negociación Colectiva a nivel de empresa.

El Tribunal Constitucional en el expediente antes referido, NO OBLIGA A LA CAPECO A NEGOCIAR EXCLUSIVAMENTE CON LA FTCCP, como refiere la CAPECO, lo que hace es ANALIZAR LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, PARA LUEGO CONCLUIR QUE EL NIVEL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA NUESTRO SECTOR LABORAL ES DE RAMA DE ACTIVIDAD. NO DISPONE QUE EL PLIEGO DE RECLAMOS SE NEGOCIE DE FORMA EXCLUSIVA CON LA FTCCP, ya que de haberse establecido esa exclusividad, esta sería ilegal y atentaría directamente contra nuestro derecho a la Libertad Sindical.


El derecho de Negociación Colectiva es la base esencial sobre la que se sustenta la Libertad Sindical y la existencia de los sindicatos y organizaciones sindicales de grado superior en todo el mundo. Por tal motivo, no puede ser declarado exclusivo de un solo sector sindical, discriminando así a los demás sindicatos de construcción civil igualmente representativos, y afiliados a nuestra Federación Unitaria.


Nosotros, no estamos en contra de la Negociación Colectiva a nivel de Rama de Actividad, muy por el contrario, LA DEFENDEMOS porque consideramos que es la única vía para negociar nuestro Pliego Nacional de Reclamos; sin embargo, EXIGIMOS QUE EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE NUESTRO PLIEGO NACIONAL DE RECLAMOS, ESTEMOS REPRESENTADAS TODAS LAS ORGANIZACIONES SINDICALES QUE REPRESENTAMOS A LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL A NIVEL NACIONAL. La FTCCP, ya NO es la única federación que representa a los trabajadores de la construcción, ni afilia a la mayoría absoluta de trabajadores, RAZÓN POR LA CUAL, TODOS LOS TRABAJADORES TENEMOS EL DERECHO DE SENTIRNOS REPRESENTADOS EN UNA NEGOCIACIÓN COLECTIVA A TRAVÉS DE NUESTRA FEDERACIÓN, ya que éste no es el privilegio de unos pocos.

2.   CONAFOVICER:


Por acuerdo de nuestras bases sindicales, hemos solicitado al CONAFOVICER que se realice una Auditoría Administrativa con la finalidad de verificar el cumplimiento de los fines institucionales de este comité, contemplados en el Artículo 4° y 23° de sus estatutos sociales aprobado por R.S. N° 266-77/VC.1100 del 03.11.1977, en los que se establece claramente que la utilización del fondo que administra CONAFOVICER debe ser exclusiva para i) la construcción de viviendas de interés social para los trabajadores de construcción civil en el ámbito nacional, ii) para la construcción de Centros Vacacionales de Recreación, y, iii) para la cobertura de fines y objetivos de carácter educativo, social, asistencial y de capacitación.

En los últimos años de administración del fondo del Conafovicer, no se ha observado el cumplimiento del principal objetivo, que es la construcción de viviendas para los trabajadores, y muy por el contrario, se observa que en diferentes ciudades y provincias del interior del país, se vienen construyendo módulos de “recreación” que se encuentran en posesión de los sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, utilizados para fines sindicales y políticos.

Por esta razón, urge que se realice una auditoría administrativa general, con la finalidad de establecer si se ha dado cumplimiento de los objetivos institucionales, y del adecuado uso de los bienes y servicios del CONAFOVICER.

A su vez exijimos: La modificación del Artículo 5° inciso d), con la finalidad de que se democratice la representación de los trabajadores de construcción civil, con la participación de todas las Federaciones existentes a la fecha, dado que la única representación que goza actualmente la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, no garantiza la transparencia en la administración de nuestros aportes, y discrimina la recepción de los beneficios y servicios que brinda el Conafovicer a sus afiliados, en perjuicio de la gran mayoría de trabajadores de Lima y Provincias que no se encuentran afiliados a dicha Federación.

La modificación del Artículo 7° de los estatutos sociales, con la finalidad de evitar la autoritaria reelección que se ha dado durante años, en los que los eternos dirigentes que dirigen la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú son los mismos que integran el Directorio del Conafovicer, lo que permite manipular la administración de nuestros aportes.

Estos son los verdaderos problemas que confronta el Gremio de la Construcción y, que el gobierno actual debe resolver con la participación de los trabajadores sin marginación ni discriminación y con los propios empresarios de la CAPECO, quienes en la actualidad son los únicos beneficiarios de BUM de la Construcción y de la violencia en las obras que sólo afecta de manera directa a los trabajadores y a los sindicatos que genuinamente defendemos los derechos laborales.


EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA FUTCCASP